Un mes después de escuchar al inspector del Banco Central Europeo, Jesús Fernández Martínez Usano, el juez, José Luis Calama Teixeira, ha pedido urgentemente al perito las conclusiones acerca de 3 puntos determinantes: la clasificación del riesgo de crédito de ciertos acreditados, el posible déficit de cobertura y de provisiones.
Los tres puntos clave en la inspección del Popular
El magistrado ha expuesto una serie de puntos relevantes para adherir al procedimiento sobre las conclusiones del BCE. Un movimiento clave para saber si los gestores del banco cometieron o no delitos los años previos.
Para determinarlo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 ha reclamado, a través del Banco de España, que aporten el resultado de sus inspecciones en relación al crédito estructurado, sobre activos adjudicados y el déficit de cobertura del Popular.
Para esos tres puntos pide, la propuesta inicial con el objetivo de autorizar la inspección, y los papeles de trabajo mientras supervisó al banco ya extinto. También ordena juntar los emails remitidos por Usano al Santander como heredero del Popular.
Una información que ayudará a esclarecer los hechos
Los hechos están siendo ahora mismo objeto de investigación por parte del juez y entre ellos los hay relativos al riesgo de crédito de ciertos acreditados y déficit de cobertura, así como activos adjudicados de la entidad y los déficit de provisiones de parte de su cartera.
Lo cierto es que para los investigadores, las palabras de Usano no eran relevantes porque fue quien controló los últimos meses antes de que JUR resolviera la entidad. Por lo que, en su cita frente al juez, el perito reveló una serie de detalles sobre la situación financiera del Popular y que ahora no quiere pasar por alto el magistrado.
De hecho, apuntó un déficit de provisiones de más de 1.000 millones de euros y a un alto volumen de créditos. Lo curioso, es que el Popular los clasificó como normales y eran dudosos.
Por otro lado, dijo que hubo un déficit de coberturas de entre 1.100 y 1.300 millones de euros en el 2016; momento en el banco hizo una ampliación de capital de 2.505 millones de euros. Así como otras cuestiones.
¿Qué pide Saracho?
Tras pedir el juez esta información del BCE, Saracho envió un escrito a la Audiencia Nacional donde apeló a la declaración de Usano, dejando claro que el Popular ya estaba acabado cuando tomó las riendas a comienzos de 2017.
Lo curioso, es que el último presidente del banco le pidió al instructor un acuerdo de la ampliación de la pericial por los inspectores del supervisor que estudiaron la solvencia de la entidad. Por lo que, afirma que deberían calcular la alteración de los coeficientes de solvencia concretamente en la fecha de cierre del ejercicio de 2016, todo ello después de que Usano viera un déficit en la cartera de activos adjudicados.
También pone sobre la mesa otros aspectos en relación al análisis y cobertura del riesgo de crédito. En cuanto a su defensa, incide en que la sala de lo Penal que los peritos del Banco de España analizaron este capítulo que terminó con un informe que fue enviado a la Audiencia Nacional donde se indicaba que un 88% de las estudiadas no tenían una tasación admisible.
Asimismo, indicó que los activos debieron presentar una valoración contable estimada en 135 millones de euros menos de la que realmente pusieron en las cuentas de diciembre de 2016. De ahí a que las cosas no cuadren.
Frente a estas afirmaciones, los accionistas minoritarios afirman que Saracho es el responsable de que el banco cayera. Achacan lo sucedido a una maliciosa gestión que derivó en la resolución del banco. Saracho lo desmiente y asegura que el banco ya tenía problemas de solvencia ocultos y que descubrió al ser presidente.
